Probidad y transparencia
La Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y la Transparencia, creada el 20 de marzo de 2008 por el decreto N° 30 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, tiene por objetivo asesorar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el seguimiento, estudio, análisis e implementación de la Agenda de Probidad definida por la Presidencia de la República.
Sus objetivos estratégicos se enmarcan en apoyar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en:
- El estudio, análisis y formulación de propuestas de adecuación o modificaciones legales y administrativas en materia de probidad y transparencia, así como de otras medidas destinadas a su fortalecimiento.
- En la ejecución e implementación de leyes o modificaciones legales y administrativas en materia de probidad y transparencia, así como de otras medidas destinadas a su fortalecimiento.
Iniciativas
Una de las iniciativas emblemáticas que impulsará el Gobierno en materia de transparencia el año 2011 será el proyecto de probidad pública, que se enviará al Parlamento en marzo. Este proyecto reúne en una sola norma todas las disposiciones referidas al perfeccionamiento de las declaraciones intereses y patrimonio, a la regulación de mandatos de administración de bienes y a la enajenación de activos.
Su objetivo es evitar conflictos de interés que puedan generarse en el ejercicio de la función pública y propone para ello un sistema que comienza con una declaración completa y transparente de la situación patrimonial de la autoridad. Luego de eso, establece la obligación de constituir mandato sobre aquellos bienes declarados que puedan generarle conflicto en razón de su cargo y, finalmente, si la intensidad del eventual conflicto lo exige, se establece la obligación de enajenar determinados bienes.
Junto con lo anterior, y con el propósito de aumentar la transparencia de la gestión del Gobierno en el proceso de reconstrucción, tras el terremoto del 27 de febrero, se está trabajando en un sitio web con funcionalidades de carácter público y de gestión interna. La versión pública identificará e informará de manera detallada respecto de las distintas acciones orientadas a la reconstrucción.
En la misma tónica, para el primer semestre de este año se proyecta el lanzamiento público de Datos.gob. Un sitio web que desarrolla una política de liberación de datos generados por instituciones públicas.
Dentro de las iniciativas para este año, también está impulsar un proyecto de ley de perfeccionamiento de la Ley de Transparencia y consulta pública. A casi dos años de vigencia de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública conocida como la Ley de Transparencia, se ha observado que su exitosa aplicación admite ciertos perfeccionamientos.
La propuesta del Ejecutivo es avanzar en las obligaciones de transparencia activa, mejorar los procedimientos de acceso a la información y fortalecer el buen funcionamiento del Consejo para la Transparencia. La propuesta de reforma a la ley se será sometida a una consulta pública en que la ciudadanía y las diferentes organizaciones puedan pronunciarse al respecto.